Una Persona Expuesta Políticamente (PEP) es alguien que ocupa o ha ocupado, en los últimos tres años, un cargo público de alto nivel, ya sea por elección o nombramiento, a nivel nacional o internacional. Esto incluye a los funcionarios que deben presentar declaración jurada de patrimonio y otras posiciones de relevancia según la normativa local.
Cargos que Califican como PEP en la República Dominicana
En la República Dominicana, los siguientes funcionarios están clasificados como PEP:
1. Altos Funcionarios Gubernamentales:
- Presidente y Vicepresidente de la República
- Senadores y Diputados
- Ministros y Viceministros
2. Jueces
3. Funcionarios Locales y Funcionarios Autónomos y Empresas Estatales:
- Alcaldes y Vicealcaldes
- Regidores y Directores Municipales
- Gobernadores provinciales
- Gobernador, Vicegobernador, Gerente y Contralor del Banco Central
- Miembros de la Cámara de Cuentas
- Miembros de la Junta Central Electoral, el Director Nacional de Elecciones y el Director Nacional de Registro Civil
- Contralor General de la República
- Administradores y gerentes de bancos estatales
- Miembros de la Junta Monetaria
- Miembros de consejos de administración de órganos autónomos del Estado
4. Altos Ejecutivos y Oficiales de Seguridad:
- Oficiales de alta jerarquía en instituciones como las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Control de Drogas, y cuerpos especializados de seguridad e inteligencia.
5. Otros Funcionarios Claves:
- Embajadores y Cónsules
- Miembros del Consejo Nacional de Drogas
- Miembros del Consejo Nacional de Seguridad Social
- Tesorero Nacional
- Rector y Vicerrectores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, entre otros.
Comparación Global, Impacto Local
La gestión de las PEP es crucial para mantener la confianza en la economía y el comercio. Debido a su relevancia pública, las PEP están sujetas a un escrutinio adicional para asegurar la integridad de su influencia. Muchos países, como Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea, han implementado marcos regulatorios específicos para supervisar a las PEP de manera proporcional al riesgo que representan. República Dominicana sigue esta tendencia con la Ley 155-17, que exige un enfoque basado en el riesgo para gestionar a las PEP, considerando factores como su cargo, país de residencia y tipo de transacciones. De ahí que, los sujetos obligados deban familiarizarse con estos requisitos y adoptar programas efectivos de PLAFT para asegurar la correcta y efectiva gestión de las PEP.
Entre la Ética y la Vigilancia
El monitoreo de las PEP no es solo una cuestión de seguridad financiera, sino un delicado acto de equilibrio ético. Mientras que su influencia puede ser un blanco fácil para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, la implementación de medidas de vigilancia intensivas plantea un dilema: ¿Dónde trazamos la línea entre vigilancia y protección?
La clave está en la proporcionalidad y la responsabilidad. La vigilancia debe ser precisa y justificada, alineada con el riesgo real que presentan las PEP. No se trata solo de prevenir delitos financieros, sino de hacerlo sin comprometer los derechos individuales.
La transparencia es esencial. Las PEP deben ser conscientes de las medidas de monitoreo y comprender el motivo detrás de ellas. Además, la protección de datos debe ser rigurosa, asegurando que la información se utilice únicamente para los fines legítimos para los que fue recopilada.
En definitiva, este equilibrio no es una solución única para todos. Requiere un enfoque matizado, evaluando cada caso con integridad y ética. A través de un diálogo honesto y una supervisión cuidadosa, podemos asegurar que la seguridad financiera y la privacidad individual coexistan de manera justa y eficaz.
La Revolución de la Tecnología y el Big Data
En la era del big data, la tecnología está revolucionando la identificación y monitoreo de las personas e instituciones, incluidas las PEP. Con herramientas avanzadas como inteligencia artificial y machine learning, los sujetos obligados pueden detectar patrones y anomalías en las transacciones, verificar identidades y analizar con una precisión y rapidez sin precedentes. Estas innovaciones no solo mejoran la efectividad de los programas de PLAFT, sino que también optimizan recursos y reducen costos.
En fin, la identificación y supervisión de Personas Expuestas Políticamente es esencial: desde la identificación precisa y el monitoreo efectivo hasta la implementación de tecnologías avanzadas, cada paso es crucial para proteger tanto la seguridad financiera como la garantía de derechos.
El equilibrio entre ética y vigilancia es delicado pero necesario. La transparencia, la responsabilidad y el uso adecuado de la tecnología son fundamentales para enfrentar estos desafíos. Con ComplianceX, proporcionamos una plataforma avanzada que utiliza análisis de datos e inteligencia para garantizar un monitoreo preciso y eficiente. En Excelsior, tu tranquilidad es nuestra prioridad.